Tanto su piso como el de sus padres, que firmaron el aval, fueron ejecutados judicialmente y subastados, pero se le siguió exigiendo la parte que quedó pendiente
El Juzgado Mercantil número 2 de Valencia ha perdonado una deuda de 186.868,28 euros a una mujer inmersa en una situación de insolvencia a causa de la crisis de 2008 y tener que cumplir con la hipoteca de su vivienda, la cual fue ejecutada judicialmente y subastada por no poder hacer frente a las obligaciones contraídas. Todo y con ello, quedó pendiente una parte importante de la hipoteca por abonar. Así, mediante el correspondiente auto el juez exonera del pasivo insatisfecho a la clienta de Bergadà Abogados, despacho especializado en Derecho concursal, gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.
En cuanto a los hechos, cabe remontarse al año al 2006, cuando tras su separación, y con una hija a su cargo, la mujer decidió comprar una vivienda junto a su hermana, la hipoteca de la cual avalaron sus padres con su propio piso. Para dicha adquisición, solicitaron una hipoteca que rondaba los 285.000 euros. En este sentido, recuerda que «tanto yo como mi hermana estábamos con nuestros respectivos hijos en casa de nuestros padres y decimos comprar una vivienda para los cuatro. De hecho, en el banco nos dijeron que la pensión de mis padres era suficiente como aval, pero cuando fuimos a firmar nos señalaron que había que hipotecar su vivienda, a lo cual ellos accedieron».
Con una deuda de ese calibre, y sumergidas en las consecuencias que originó la crisis inmobiliaria de 2008, la mujer y su hermana se vieron en la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca, ya que ella había trabajado toda su vida en el sector de la limpieza y su sueldo no era elevado. «Hay que tener en cuenta que mi hermana, al quedarse sin trabajo, volvió a casa de nuestros padres y me quedé yo sola al frente de toda la hipoteca. Además, debido a los intereses elevados, de la noche a la mañana pase de pagar 600 euros al mes a una cuota mensual de 1.200 euros, algo que era imposible de pagar, ya que era toda mi nómina. Eso derivó en un auténtico drama«, expresa.
Debido al incumplimiento del pago de dicha deuda, la citada vivienda, del mismo modo que la de los padres, fue subastada en el año 2010, obligando a la toda la familia a buscar un nuevo lugar donde vivir. No obstante, la mujer explicar que, «pese a que yo había firmado la hipoteca, a mí nunca me llegó ninguna notificación. Todas llegaron a casa de mis padres y no fue hasta al cabo de un tiempo que un hermano mío me aviso que estaban llegando allí. Dada la situación, entregamos las llaves en el mismo juzgado«.
A pesar de ello, como ambas propiedades fueron subastadas y adjudicadas por un precio muy inferior a su valor, el monto total de la deuda no pudo cubrirse, por lo que quedó un resto, también conocido como “cola hipotecaria”, de más de 100.000 euros pendientes de abonar.
En cuanto le fue posible, en 2022 la mujer adquirió una nueva propiedad, esta vez de manera individual, dentro de las posibilidades que su economía le permitía y, por lo cual, tuvo que pedir una nueva hipoteca. «De hecho, yo y mi hija vivíamos de alquiler y el propietario del piso me comunicó su intención de venderlo. Valoré la situación y como el precio era asequible decidí comprarlo. Es más, hice las consultas pertinentes y en ningún lado aparecía que estaba en listados de ficheros de morosidad. Fue al poco tiempo de firmar la nueva hipoteca cuando me dijeron que aún debía dinero del piso anterior, mientras que yo pensaba que todo había quedado liquidado con las dos viviendas entregadas«.
Por su parte, la abogada que ha llevado el caso y socia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, explica que «lo sucedido en este caso fue lo que les pasó a muchas familias por la crisis de 2008, ya que firmaron altas hipotecas para la adquisición de viviendas y al no poder hacer frente a ellas, los bancos ejecutaron judicialmente esos bienes, sacándolos a subasta por precios inferiores a la mitad y además de quedarse, los deudores, sin las propiedades, se quedaron con deudas imposibles de cubrir. Esto fue un auténtico drama que a día de hoy todavía se sigue arrastrando».
Dada la situación, tuvo que recurrir en alguna ocasión a créditos para poder llegar a final de mes, debido a la dificultad que tenía para hacer frente al pago de sus gastos esenciales. Asimismo, su salud también se vio resentida, porque además de ansiedad sufrió depresión«. Añadido a ello, el hecho de quedarse sin trabajo, «después de hacerme mobbing, es decir, acoso laboral«, le impidió seguir haciendo frente al pago de sus deudas, ya que la prestación que recibía era de poco más de 900 euros, cantidad que escasamente le alcanzaba para pagar los gastos destinados a su sustento. Además, por su edad le fue difícil encontrar un nuevo empleo.
Fue gracias a su hija y a su yerno cuando la situación empezó a cambiar. «Ellos siempre han estado involucrados en plataformas antidesahucios y un día me hablaron de la Ley de la Segunda Oportunidad, pero en un principio no creía en ella. Además, con 60 años, y debido a lo que estaba pasando, cuando me hablan de leyes me quedaba bloqueada», comenta la mujer». No obstante, «ellos no cesaron en buscar información. La pareja de mi hija encontró por Internet el despacho de Bergadà Abogados y se percató que todas las referencias eran muy buenas, así que me animó a contactar con Marta Bergadà y su equipo para exponer mi caso. Incluso, previamente se me había denegado un abogado de oficio pese a que era evidente mi situación».
De este modo, en febrero de 2023 se estableció el primer contacto con el bufete especializado en Derecho concursal y ubicado en Agramunt (Lleida), pero que trabaja en el ámbito nacional. Por su parte, Marta Bergadà relata que «en la primera reunión la mujer estaba en una situación límite, triste y angustiada. Pero nos dimos cuenta que se trataba de una deudora de buena fe, ya que toda su situación de insolvencia se había originada por circunstancias ajenas a su voluntad«.
Así, rápidamente se inició todo el procedimiento, el cual se alargó durante más de un año. «Fue un periodo de tiempo estresante, pese a los constantes ánimos que me daban desde Bergadà Abogados. Además, durante el verano pasado empecé a sufrir las constantes llamadas de entidades bancarias, todos los días, a cualquier hora y desde infinidad de números de teléfono distintos. Incluso eran amenazantes, algo que agravaba todavía más mi situación», argumenta la mujer.
No obstante, todo cambió recientemente, cuando el titular del Juzgado Mercantil número 2 de Valencia emitía el correspondiente auto mediante el cual le perdonaba a la clienta de Bergadà Abogados una deuda de 186.868,28 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad, exonerándola así del pasivo insatisfecho. «En el momento de la llamada de Bergadà Abogados para comunicarme que se me había perdonado la deuda estaba trabajando. Cuando pude responder y me lo dijeron empecé a llorar por la ilusión y todo lo que había vivido hasta ese momento, porque han sido años muy duros«.
Por este motivo, «ahora podré ayudar a mi hija cuando lo necesite, ya que por fin se ha terminado un auténtico calvario. Voy a poder estar tranquila y siempre le estaré agradecida a ella, a mi yerno y a Bergadà Abogados todo lo que han hecho por mí, porque ahora veo el futuro con mucha más tranquilidad. De hecho, si no hubiera sido por Marta Bergadà y su equipo no sé cómo hubiera acabado, ya que me hubiera quedado sin nada«, manifiesta la clienta de Bergadà Abogados.
Finalmente, Marta Bergadà concluye señalando que, «una vez más, nos encontramos ante una persona que lleva años soportando las consecuencias de la crisis de 2008. Fueron tiempos muy difíciles que afectaron profundamente a personas que siempre han tenido la intención de cumplir con las obligaciones que asumieron, pero que, debido a circunstancias fuera de su control, no pudieron hacerlo. Todas estas personas merecen una segunda oportunidad para seguir contribuyendo al progreso del país con su esfuerzo».
