Intentaron salvarlo y hacer frente al crédito ICO solicitado, pero no fue posible, ya que el hombre también se quedó sin trabajo tras sufrir un accidente, y fueron mal asesorados por su banco
El Juzgado Mercantil número 1 de Lleida ha perdonado una deuda de 266.301,52 euros a un matrimonio leridano (142.882,34 euros al hombre y 123.415,18 euros a la mujer) cuya insolvencia se originó al no poder hacer frente al pago de un crédito ICO para un negocio que no funcionó y se agravó cuando él sufrió un accidente y se quedó en paro y por el coronavirus, que afectó de manera directa al establecimiento que ella regentaba. De este modo, el juez aplica a los clientes de Bergadà Abogados la Ley de la Segunda Oportunidad y, por lo tanto, les exonera del pasivo insatisfecho.
En cuanto a los hechos, en el 2014 la pareja abrió un establecimiento, el cual fue financiado con el dinero procedente de un crédito ICO. Éste iba bien, ya que poco a poco fue dando cada vez más frutos y los ingresos permitían poder pagar los gastos del negocio. De hecho, cabe decir que aún hoy sigue funcionando. Debido a ello, y que el hombre no tenía una situación de trabajo buena, a los dos años el matrimonio decidió invertir en un negocio que él gestionaría.
Para llevar a cabo este nuevo proyecto, solicitaron otro crédito ICO por la buena previsión que había de ingresos y beneficios para este negocio. «De hecho, nuestra entidad bancaria nos aprobó la operación y eso nos dio tranquilidad. Además, nos recomendaron avalarnos mutuamente«, explican. No obstante, «no fue como nos esperábamos, lo que hizo que el proyecto se quedara a medias a la hora de avanzar. Además tuvimos problemas con la comunidad de propietarios para hacer las obras y hubo un aumento del precio del alquiler«, añaden.
Este negocio no funcionó como esperaban y los gastos de tenerlo abierto fueron creciendo, lo que provoco que cada vez fuera más complicado pagar los recibos, llegando a devolver algunos. Llegó un punto en que la situación fue insostenible y tras dos años abierto la pareja decidió traspasarlo para que éste no arrastrara al otro establecimiento, pues los ingresos generados por éste se llegaron a utilizar para salvarla.
Hay que señalar que el dinero conseguir por el traspaso sólo sirvió para pagar a proveedores y las cuotas pendientes del alquiler, pero el hombre aún tenía deudas. «Decidimos cerrar pensando en nuestros hijos. También pedimos a nuestro banco hacer una reunificación de los préstamos y una refinanciación a más años para poder pagar, ya que eran casi 900 euros mensuales. Nos dijeron que lo estudiarían y que contratáramos una póliza. Accedimos asesorados por ellos, pero eso fue el detonante. No podíamos hacer frente a los pagos y hubo algunos recibos impagados, pero nos tranquilizaban diciéndonos que estuviéramos tranquilos porque se reabsorberían con las cuotas. Llegó un punto en que nos dijeron que no era posible y que haciendo un esfuerzo de pago con ese último compromiso se lo miraría otro departamento, por lo que dejamos de pagar hipoteca, luz y otras cosas de casa para hacer frente a la deuda y que vieran que teníamos esa voluntad«, argumentan.
La obstante, la sorpresa llegó cuando recibieron una demanda desde los juzgados por el ICO que habían solicitado. «En todo momento estuvimos asesorados y hacíamos lo que el banco nos decía con el objetivo de llegar a un acuerdo. Nunca quisimos dejar de pagar y el mundo se nos vino abajo. Nos vimos muy mal», añaden.
En este sentido, la abogada que ha llevado el caso y socia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, explica que «debido a un nefasto asesoramiento por parte de su entidad bancaria este matrimonio se vio en una situación de extrema delicadez. Siempre quiso hacer frente a sus obligaciones, pero el mal asesoramiento de su banco provocó que llegase a un punto donde nunca se podría haber imaginado».
Asimismo, a pesar de que él empezó a trabajar por cuenta ajena y que parecía que podía empezar a salir un poco flote, tiempo después sufrió un accidente que le ocasionó una grave lesión, días antes de que la renovación de su contrato laboral, por lo que la empresa no le renovó y paso a estar desempleado. Ante esta situación, y el hecho de que cobrara muy poco en concepto de paro, al matrimonio fue imposible pagar el crédito que tenía pendiente, además de la hipoteca y los gastos comunes. Pero el infortunio no acabó aquí, ya que la llegada del coronavirus agravó su situación, pues el confinamiento imposibilitó que la mujer pudiera abrir su establecimiento, por lo que no generó beneficios durante esos meses y las pérdidas fueron abundantes.
Transcurrido ese periodo de tiempo el establecimiento volvió a abrir sus puertas con normalidad, pero las deudas arrastradas hicieron imposible hacer frente a las acumuladas. Agobiados por la situación, buscaron soluciones. «En los juzgados nos asignaron dos abogados de oficio, uno para cada uno. El de mi marido a la semana había cerrado el caso y le comunicó que tenía que pagar 15.000 euros, algo que era imposible. El mío durante el Covid-19 fue imposible contactar con él y después fue un familiar suyo que se puso en contacto conmigo para decirme que estaba enfermo y no podía continuar con mi caso. En ningún momento desde el Turno de oficio de la justicia gratuita se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme otro abogado«, indica ella.
Paralelamente, la pareja sufrió «el acoso y derribo» por parte de las entidades bancarias para hacer frente a las deudas. «El número de correos electrónicos y llamadas que teníamos era desorbitado, llegando también a llamar a las 22.00 horas. Incluso, dijeron que hiciéramos un pago único de 25.000 euros, algo que nos pareció una ofensa, y que rehipotecáramos la hipoteca que teníamos. Era de locos», exponen. Marta Bergadà recuerda que «esta táctica busca presionar al deudor para que pague, sin considerar su situación financiera o bienestar emocional. Sin embargo, es crucial que los consumidores sepan que tienen derechos que protegen su privacidad y dignidad«.
Pero todo empezó a cambiar el mayo del pasado año cuando el matrimonio leyó en la prensa una noticia en la cual se explicaba que Bergadà Abogados había conseguido que se perdonara una importante deuda a un leridano. «Fue entonces cuando decimos contactar con Marta Bergadà y su equipo, ya que llevábamos muchos años luchando y de sufrimiento. Además, la positividad y energía que nos transmitieron hizo que unas semanas después decidiéramos iniciar el procedimiento«, indican.
De hecho, Marta Bergadà comenta que «tras analizar toda la documentación aportada vimos que eran deudores de buena fe y que habían sido víctimas de una serie de infortunios, los cuales se vieron agravados sobre todo por un mal asesoramiento por parte de la entidad financiera con la cual tenían los préstamos. Por eso, nos pusimos a trabajar en el caso, ya que se podían acoger a la Ley de la Segunda Oportunidad«. Por su parte, el matrimonio reconoce que «debido al sufrimiento teníamos cierta desconfianza, pero nos dio tranquilidad la comunicación constante que teníamos con Bergadà Abogados y que se iban cumpliendo todos los plazos«.
La buena noticia llegó recientemente, cuando el Juzgado Mercantil número 1 de Lleida emitía el auto mediante el cual perdonaba a la pareja una deuda 266.301,52 euros (142.882,34 euros al hombre y 123.415,18 euros a la mujer). «El momento de la llamada no lo vivimos con excesivo éxtasis por todo el sufrimiento que habíamos vivido y que aún arrastramos. Pero a su vez nos sentimos aliviados. Esto también ha supuesto un cambio en nuestra mentalidad, un antes y un después a la hora de ver las cosas y cómo gestionarlas, por lo que cada paso que damos está muy meditado. Incluso, a nuestros hijos les estamos inculcando la educación financiera«, indican.
Y concluyen diciendo que «hay que personas cuando leen una noticia de estas pueden pensar que la gente se aprovecha de la Ley de la Segunda Oportunidad porque no quiere pagar, pero esto no es así. La inmensa mayoría queremos hacer frente a nuestras obligaciones, pero no podemos por las adversidades que se han dado y esto también nos genera ansiedad, vergüenza y sufrimiento. No nos sentimos a gusto con lo vivido».
Finalmente, Marta Bergadà añade que «la inmensa mayoría de deudores son personas que lo están pasando mal y que desearían no haberse visto nunca en una situación así, ya que les gustaría tener la vida que siempre hubieran deseado, sin preocupaciones. La sociedad ha de tener esa idea de todas las personas que tienen que acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, ya que la normativa es muy clara a la hora de poder beneficiarse de ella. Por este motivo, también los medios de comunicación juegan un papel clave y, por ello, les agradecemos la difusión que hacen de estas noticias para exponer la realidad«.
