La Ley de la Segunda Oportunidad es una vía de escape legal para aquellos trabajadores por cuenta propia atrapados en la injusta regularización
Las regularizaciones de las ayudas por la COVID, lejos de ofrecer un respiro, están resultando ser un golpe fatal para muchos autónomos. Cuatro años después de la crisis sanitaria, aquellos que recibieron prestaciones provisionales se enfrentan a un proceso administrativo interminable que no sólo genera confusión, sino que también amenaza con desbordar las economías de los trabajadores por cuenta propia.
En este artículo analizamos cómo esta situación ha agravado la crisis del sector y cómo la Ley de la Segunda Oportunidad puede ser una vía de escape para aquellos que no pueden hacer frente a estas devoluciones.
El reajuste de las ayudas y la solicitud de devoluciones han puesto en evidencia un sistema fiscal que, lejos de aliviar, ahoga a los autónomos, añadiendo aún más presión a un sector ya golpeado por la crisis. Con la regularización de las cuotas de Seguridad Social sumando nuevas cargas, los autónomos se ven atrapados en un círculo vicioso de burocracia y dificultades económicas, sin un apoyo real por parte del Gobierno.
La pandemia de Covid-19 dejó una huella profunda en la economía global, especialmente en los autónomos, que vieron cómo sus ingresos se desplomaban debido a las restricciones impuestas para frenar la propagación del virus. En respuesta a esta crisis, el Gobierno español aprobó una serie de ayudas económicas destinadas a paliar los efectos de la emergencia sanitaria.
Sin embargo, lo que comenzó como una medida de apoyo ha acabado generando un caos burocrático y fiscal para miles de trabajadores por cuenta propia, que ahora se enfrentan a la regularización de las prestaciones recibidas y, en muchos casos, a la devolución de cantidades que ya consideraban como parte de su sustento.
Un reparto provisional y un caos administrativo
Las ayudas fueron acordadas en cinco tramos, que se fueron aprobando conforme el Gobierno avanzaba en su respuesta a la crisis sanitaria. Estos tramos de prestaciones provisionales fueron otorgados en los siguientes períodos: abril de 2020, julio de 2020, octubre de 2020, febrero de 2021, y finalmente, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2021. Cada uno de estos tramos de ayudas fue considerado provisional, lo que dejó a los autónomos en una constante incertidumbre sobre su situación.
A partir de enero de 2024, las mutuas comenzaron el proceso de regularización de estos cinco tramos de ayudas, un proceso que continúa ahora en 2025.
Las mutuas están revisando las prestaciones, transformándolas, según el caso, en prestaciones definitivas o solicitando la devolución de las cantidades percibidas indebidamente. Este proceso ha puesto a los autónomos en una situación insostenible, ya que muchos de ellos no estaban al tanto de los criterios definitivos que se aplicarían para la regularización de las ayudas.
La devolución de lo recibido: Una injusticia que ahoga al autónomo
Un ejemplo claro es el caso de un autónomo que ha recibido cinco cartas de solicitud de regularización y devolución de las cantidades supuestamente indebidamente cobradas, para que justifique la facturación de los periodos en los que solicitó las prestaciones.
Este autónomo se ha visto obligado a acreditar una reducción en la facturación superior, al menos, al 75% de los meses de referencia del año anterior a la crisis sanitaria. Como resultado, es susceptible de devolver un total de 15.143,71 euros.
Sin embargo, desde la mutua se le ha comunicado que ha sido un «caso feliz», ya que no ha tenido que devolver estas cantidades, quedando acreditadas las circunstancias económicas que justificaron su solicitud.
No obstante, hay muchos casos de autónomos que se ven obligados a devolver cantidades similares por no haber podido justificar esta reducción en la facturación, lo que agrava aún más su situación económica.
Además de la devolución de las ayudas, los autónomos deben pagar los honorarios para la tramitación de la solicitud inicial y, posteriormente, cuatro años después, la justificación y acreditación de la facturación, unos honorarios que bien pueden valorarse hasta 1.000 euros de gasto para todas estas gestiones.
Un sistema fiscal que asfixia a los autónomos
El impacto de esta situación en los autónomos no se limita sólo a las devoluciones y los ajustes fiscales. Los elevados costes burocráticos, sumados a una presión fiscal cada vez mayor, están llevando a muchos trabajadores por cuenta propia al borde de la insolvencia.
La situación es especialmente crítica para aquellos que se encuentran en el punto de no haber cumplido con los requisitos de reducción de facturación establecidos, lo que les obliga a devolver el dinero de las ayudas, incluso si la situación económica se les escapa de las manos debido a los efectos de la pandemia.
Además, los responsables de las mutuas han expresado su agotamiento ante la avalancha de solicitudes y regularizaciones, lo que está llevando a una fatiga administrativa y a una creciente tensión entre los autónomos y las entidades gestoras.
Estos últimos se han visto desbordados por la cantidad de documentación solicitada, y muchos autónomos se sienten acosados por la repetición de solicitudes y requerimientos, que pueden llegar a la quinta carta de regularización después de varios años.
¿Hasta cuándo el sufrimiento del autónomo?
Es urgente que el Gobierno y las mutuas revisen las condiciones y plazos para la devolución de las ayudas, y que se garantice un sistema más justo y accesible para los autónomos, quienes son el motor de la economía española.
En este sentido, el Gobierno, que tanto promovió las ayudas a los autónomos durante la crisis sanitaria, debería haber tomado la decisión de hacer definitivas esas prestaciones, sin proceder a regularizarlas después de tanto tiempo. Al hacerlo, está ahogando aún más a aquellos que se esfuerzan día tras día por ganarse la vida y mantener la economía en marcha.
Además, en un contexto donde, a partir de diciembre de 2023, los autónomos también deben enfrentarse a la regularización de las cuotas de Seguridad Social, vinculadas a los ingresos de la declaración de renta, esta nueva carga es otro golpe para un sector que sigue arrastrando la pesada carga de la crisis.
El Gobierno no sólo ha dejado de dar ese respiro necesario, sino que ahora, en silencio, continua con las regularizaciones, sin reconocer el esfuerzo diario de los autónomos que sostienen la economía española.
La Ley de la Segunda Oportunidad y su relación con los autónomos afectados por las regularizaciones de las ayudas COVID
La Ley de la Segunda Oportunidad es una herramienta jurídica diseñada para ayudar a particulares y autónomos a salir de situaciones de sobreendeudamiento. Sin embargo, a la luz de la problemática derivada de las regularizaciones de las ayudas COVID, se hace evidente que muchos autónomos que confiaban en el apoyo del Estado ahora enfrentan una carga económica que podría llevarlos a la ruina. Ante esta realidad, la Ley de la Segunda Oportunidad cobra especial relevancia como mecanismo de alivio para aquellos que no pueden afrontar las devoluciones exigidas.
1. La burocracia y la incertidumbre aumentan la necesidad de la Ley de la Segunda Oportunidad
El proceso de regularización de las ayudas COVID ha resultado en una maraña burocrática que exige a los autónomos justificar, años después, su derecho a las prestaciones recibidas. Para muchos, esto implica la devolución de sumas significativas, lo que genera un sobreendeudamiento imprevisto y una carga adicional a su actividad económica.
En este contexto, la Ley de la Segunda Oportunidad se presenta como una alternativa legal para aquellos autónomos que, debido a estas devoluciones, ya no pueden sostener su negocio ni hacer frente a sus deudas.
2. Una solución para la insolvencia provocada por las ayudas
Uno de los principales beneficios de la Ley de la Segunda Oportunidad es la posibilidad de cancelar deudas cuando la persona demuestra que ha actuado de buena fe y que no puede hacer frente a sus obligaciones.
En el caso de los autónomos afectados por la regularización de ayudas, muchos recibieron los fondos en un momento de crisis con la convicción de que eran definitivos. Ahora, al ser forzados a devolver grandes cantidades de dinero, su situación financiera se vuelve insostenible. La Ley de la Segunda Oportunidad puede ser una vía para renegociar estas deudas o incluso cancelarlas en algunos casos.
3. La asfixia fiscal y la falta de apoyo gubernamental
El informe evidencia que los autónomos no solo enfrentan la devolución de ayudas, sino también una creciente presión fiscal debido a la regularización de cuotas de la Seguridad Social y otras obligaciones tributarias. A pesar de que fueron el sector más golpeado por la crisis, el Estado ha adoptado una postura inflexible que no contempla la realidad de estos trabajadores.
La falta de medidas compensatorias o de planes de pago flexibles hace que la Ley de la Segunda Oportunidad sea, en muchos casos, la única alternativa viable para evitar la quiebra.
4. La urgencia de una reforma en la gestión de ayudas
Es imprescindible que el Gobierno y las mutuas revisen los criterios aplicados para la devolución de ayudas y faciliten opciones de pago que no hundan aún más a los autónomos. Mientras esto no suceda, la Ley de la Segunda Oportunidad continuará siendo una herramienta fundamental para que los afectados puedan empezar de nuevo sin la carga de deudas injustas.
Conclusión final
La Ley de la Segunda Oportunidad es una vía de escape legal para aquellos autónomos atrapados en la injusta regularización de ayudas COVID. Ante la falta de flexibilidad del sistema y la creciente presión fiscal, este mecanismo se convierte en un salvavidas para quienes han sido abandonados por las mismas instituciones que inicialmente les ofrecieron apoyo.
Sin una respuesta gubernamental adecuada, la Ley de la Segunda Oportunidad seguirá siendo una de las pocas soluciones efectivas para evitar la ruina financiera de miles de autónomos en España.
Publicado en Economist & Jurist
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Luciana Tandea
Directora del Departamento Fiscal y Económico de Bergadà Abogados
