El matrimonio adquirió una vivienda y el ente público consideró que a la mujer se le había realizado una donación, por lo que, para pagarla tuvieron que hipotecarse y además pidieron préstamos rápidos con intereses abusivos
El juzgado de primera instancia número 6 (mercantil) de Lleida ha perdonado una deuda de 57.226 euros a un vecino de Agramunt, V. J. C. J., que tuvo que hipotecar su vivienda habitual y otra propiedad, así como pedir varios préstamos, para poder hacer frente a una sanción impuesta por Hacienda.
La sanción vino impuesta por motivo de que la esposa adquirió la cotitularidad de un inmueble, junto al esposos, cuyo pago se realizó con el resultado de la venta de un inmueble del marido y Hacienda consideró una donación de él hacia ella.
De este modo, el juez exonera del pasivo insatisfecho al cliente del despacho Bergadà Asociados al aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad.
En cuanto a los hechos, en el año 2006 el marido vendió una propiedad y entre los dos adquirieron una casa. «Nadie, ni el gestor ni el notario, nos informó que si se ponía a nombre de los dos se consideraba que se estaba haciendo una donación«, explica V. J. C. J.
En el 2011, cuando faltaban un par de meses para que se cumplieran los cinco años, Hacienda le notificó que efectivamente se trataba de una donación y que, por lo tanto, tenía que hacer frente a unos 80.000 euros por los conceptos de sanción, impuestos y otros gastos que se habían derivado.
Ante tal situación, los dos tomaron la decisión de hipotecar la vivienda que habían adquirido y otra propiedad que tenían en la ciudad de Lleida para hacer frente a la deuda. «También pedimos créditos rápidos, de los que se anuncian por la televisión, pensando que con ellos podríamos solventarlo todo, pero los intereses eran tan abusivos que nos llevaron al límite», puntualiza el hombre.
No obstante, con el paso de los meses la situación económica se fue complicando. En agosto del año pasado la fábrica en la cual trabajaba la mujer, situada en Artesa de Segre, se incendió y la incluyeron en un ERTE, recibiendo al mes 800 euros. Además, con el matrimonio vivía la madre del hombre, la cual era pensionista y les ayudaba económicamente, pero en el pasado mes de noviembre falleció y dejaron de tener su apoyo económico.
Cabe indicar que él sufre una minusvalía del 33%, lo que le limita a realizar determinados trabajos, y tres de sus tres hijas siguen viviendo en el domicilio familiar. «Aunque yo actualmente tengo trabajo, todo esto hizo que tuviera que coger la baja por ansiedad y depresión, ya que no nos gusta deber dinero a nadie«, expone el hombre. «La situación adversa que estaba sufriendo la pareja les estaba poniendo en una situación realmente límite y, a su vez, muy complicada», señala la abogada y socia fundadora de Bergadà Asociados, Marta Bergadà, quien ha llevado el caso.
Pero las adversidades fueron en aumento, ya que paralelamente, además de la vivienda familiar, la cual estaba hipotecada, el matrimonio tiene un piso en la capital del Segrià cuya hipoteca se iba sufragando con el alquiler, pero la inquilina les dejó de pagar, por lo que «llegó un momento en qué no pudieron hacer frente a sus obligaciones, lo que derivó en una situación de extrema delicadeza», comenta Bergadà. «Esa vivienda la alquilé hace dos años y al poco tiempo la inquilina dejó de pagar. Incluso, nos ha destrozado el piso», añade el cliente de Bergadà Asociados.
También recuerda que «con el coronavirus solicitamos una ayuda para no pagar la hipoteca durante un determinado periodo de tiempo, pero al cabo de seis meses el banco nos dijo que se nos denegaba la solicitud y que teníamos que hacer frente de golpe a todos esos meses que no habíamos pagado», lamenta.
Por otro lado, propusieron a la entidad bancaria hacer una ampliación de la hipoteca del domicilio en el que residen, pero se negó al considerar que no tenía mucho valor. Todo ello provocó que «no pudiera hacer frente a las deudas que había acumulado y que hasta la fecha había ido pagado», comenta Bergadà. «Yo ya no sabía qué hacer», expone el cliente de Bergadà Asociados.
Finalmente, a finales de marzo se puso en contacto con el despacho ubicado en Agramunt. «Conozco a un gestor precisamente de Agramunt al cual les expuse mi caso y le dije que ya no sabía qué hacer. Entonces, él me dijo que había un despacho de abogados allí que se dedicaba a la Ley de la Segunda Oportunidad y que contactara con Marta Bergadà, que era la socia fundadora, porque me podría ayudar».
En este sentido, «había oído hablar de dicha ley, pero han sido unos años tan complicados que pensaba que no me podría acoger. Desde el primer momento en el que en Bergadà Asociados analizaron mi caso y vieron que me podía acoger a ella, siempre me han transmito mucha tranquilidad y me han informado de todo«.
La grata sorpresa llegó el 1 de junio, cuando el juez, en el correspondiente auto, comunicaba que le exoneraba del pasivo insatisfecho. «No me imaginaba que todo iba a ser tan rápido y ahora ya vemos el futuro completamente diferente. Esta noticia nos ha supuesto un descanso muy importante«, concluye.
